Abordar los problemas de la vida en sociedad desde una óptica exclusivamente moralista siempre ha sido conflictivo, porque impone barreras a las normales transformaciones culturales de los pueblos. Lo que está bien visto hoy en día no necesariamente lo era hace unas décadas o siglos. Por eso es mejor ver los acontecimientos como procesos de cambios, sin excluir la importancia de mantener un sistema de valores de convivencia sanos.

El consumo de drogas es uno de estos temas difíciles, porque implica la apertura mental que los fanáticos no poseen. Entonces, está bien visto y socialmente aceptado el consumo del alcohol y del tabaco, pero no de otras sustancias psicoactivas a pesar de que, según la Organización Mundial de la Salud, el 91 % de las muertes por uso de ellas están asociadas a las dos primeras. Las drogas consideradas de uso ilegal, como los opiáceos, cannabis, alucinógenos, cocaína y otros estimulantes, también entrañan un problema de salud pública, pero la Convención de Naciones Unidas de 1971 y 1988 se concentró en darle un manejo al tráfico ilegal y no en reconocer aspectos sociales y evolutivos del consumo, comenzando por el que la especia humana tiene una historia más ligada con las emociones que con la razón.

Así, por ejemplo, el antropólogo evolutivo Kenneth Glander estudió a los monos aulladores en Costa Rica y su alimentación con ciertas plantas, concluyendo que habían aprendido que los árboles de Madera Negra contenían alcaloides defensivos que consumían con precaución. Asimismo, el contacto de los homínidos con frutas fermentadas data de hace unos 4 millones de años. ¿las convenciones y leyes serán capaces de eliminar nuestras características biológicas? Por supuesto que no.

Lo sensato entonces, sin tener en cuenta discusiones moralistas, es el abordaje del uso recreativo de algunos psicoactivos como un tema de salud y la dependencia como una enfermedad física y mental a tratar, no a penalizar. No hacerlo de esta forma nos ha llevado y seguirá llevando involucrar inútilmente a millones de recursos y sacrificio de innumerables vidas en evitar la producción y -sobre todo- el consumo. En unas pocas décadas quienes investiguen este campo llegarán a la conclusión fatal de la estupidez de no haberlo comprendido a tiempo.

La otra discusión es la económica. Como en todos los lugares y en todas las épocas, los beneficios del prohibicionismo son para las organizaciones ilegales y grupos armados, mientras los costos son para la sociedad civil. Entre mayor es el riesgo de una actividad económica mayor es su rentabilidad. En el caso de las drogas, como el consumo no se ha reducido (en buena medida porque el abordaje por medio de la criminalización y la guerra es equivocado), existe un incentivo sustancioso en exceso para la producción y comercialización. Los márgenes de rentabilidad son tan altos, que alcanzan para incluir en su estructura contable los pagos de sobornos y corrupción en niveles escalofriantes.

La política pública de Colombia frente a las drogas debe consistir en que el Estado tome control del negocio de la producción, en primer lugar, como lo plantea la propuesta del senador Iván Marulanda sobre la legalización de la hoja de coca. Mientras el cultivo de la hoja sea mucho más rentable que otras actividades agrícolas, la oferta seguirá disponible. La solución es que el Estado establezca un precio relativamente cercano al del mercado, considerando la reducción de los costos asociados a la persecución y la penalización. De esta forma, con una menor presión sobre el riesgo, el precio irá disminuyendo paulatinamente, hasta el punto de hacer rentables otras alternativas de sustitución de cultivos.

También, la propuesta de regular el consumo adulto de la marihuana, como lo propone el representante Juan Fernando Reyes, es un camino para sincerar que como sociedad podemos hacer un uso más responsable de algunos psicoactivos, fortaleciendo campañas de prevención y con medidas de rehabilitación para quienes lo requieran; además, como en Estados Unidos, Holanda, Canadá y Uruguay, entre otros, sería un producto sujeto de ser gravado, aumentando el recaudo tributario.

Es mejor negocio llevar las drogas a la legalidad que seguir malgastando recursos en una guerra que solo beneficia a unas pocas personas que han construido un sistema de valores contrario al progreso y al desarrollo. Sale más rentable socialmente hacerlo por las vías del mercado con intervención del Estado, que seguir persistiendo en combatir una acción con un arraigo social, biológico y evolutivo muy fuerte. Países de toda América Latina, donde ocurren el 33 % de los homicidios del mundo, deben unirse a pesar de las diferencias políticas de quienes gobiernan para liderar a nivel global la discusión sobre la regulación.