El mal llamado libre comercio realmente tiene poco de libre y mucho de inversiones. Comenzando porque la mayor parte del comercio ya está establecido entre las grandes potencias económicas, y países como Colombia lo que disputan son migajas. Las cifras lo muestran: el 78 % del comercio global son mercancías, no servicios. Del comercio de mercancías, el 67 % son manufacturas, no bienes agrícolas ni recursos naturales. Y de este, el 62 % lo realizan China, Alemania, EE. UU., Japón, Hong Kong, Países Bajos, Corea del Sur, Francia, Italia y México. Colombia es el 0,07 % del comercio mundial de manufacturas.

La globalización existe, el comercio mundial también, se desarrolla y enfrenta dificultades como la guerra en este campo entre Estados Unidos y China, pero Colombia es un grano de arena. La pregunta que debe hacerse, antes de tomar decisiones sobre la protección o la defensa del consumidor, es: ¿por qué el comercio de Colombia no se parece al de esos países?

Nuestro país avanzó en la producción de mercancías entre las décadas de 1950 y 1980, que conllevó a una mayor oferta nacional sobre las necesidades de importaciones. A partir de la década de 1990 se decidió que la mejor política de desarrollo productivo era no tener una: especializándonos en café, banano, flores, carbón y petróleo tendríamos los dólares suficientes para comprar los computadores, celulares, vehículos y hasta alimentos que demanda la sociedad. La estupidez de esta idea llevó a la crisis de 1999 y a partir de 2001 el déficit comercial es estructural: lo que vendemos no paga lo que compramos.

Para justificar lo injustificable, muchos analistas se inventaron la narrativa de que lo ocurrido había sido fríamente calculado para beneficiar al consumidor. Oponerse a su genialidad era estar en contra de que el consumidor comprara los maravillosos y baratos productos del planeta. No obstante, en la ecuación faltó un pequeño detalle: para consumir hay que tener ingresos, que provienen especialmente del trabajo. Con fábricas cerradas y cultivos arruinados, el desempleo y la informalidad impiden un mayor consumo.

No existe tal dilema entre proteger a empresas o beneficiar al consumidor. El dilema es entre si se diseñan e implementan políticas serias de crecimiento económico sostenible y con alta productividad, que permitan producir mercancías para el mercado interno y la exportación, o seguimos viviendo de bonanzas de materias primas. La solución no es la protección a ultranza ni la libre importación. Entre 2020 y 2021, EE. UU. ha impuesto 1.560 medidas restrictivas al comercio y la Unión Europea 2.268. Colombia se aproxima a ser uno de los pocos países en seguir creyendo en el mito de que el libre comercio significa permitir la quiebra de sus empresas.