¿Reducir aranceles bajará los precios de los alimentos?
La pandemia generada por el Covid-19 trajo, durante los confinamientos más fuertes en 2020, una situación de inflación baja asociada a menor consumo de los hogares, menor actividad productiva y comercial y, en general, una profunda crisis económica y social que obligó a los gobiernos a tomar decisiones en estos dos aspectos para hacer frente a esta situación
mediante, principalmente, gasto público para paliar esta situación y tratar de mantener las condiciones de ingreso, empleo y producción de los países.
¿Hay con quiénes mejorar al país?
No todo lo que ocurre en Colombia es un desastre. En términos generales, las condiciones de vida de la mayoría de la población han mejorado en las últimas décadas. Mejoró el ingreso, el acceso a la educación, medicamentos y vacunas; también se lograron más derechos para las mujeres, la disponibilidad de energía, agua potable, acueducto y telecomunicaciones. Si no hubiera cosas buenas por defender, no tendría sentido quedarse a emprender y gobernar.
La pandemia de la desigualdad
Oxfam ha publicado en el reciente informe “Las desigualdades” donde se evidencia que la crisis económica se ha agudizado.
La falsa salud económica de Colombia
La presentación del Plan Financiero de 2022, por parte del Gobierno Nacional, tiene el propósito publicitario de enviar un mensaje de tranquilidad sobre la salud de la economía, que no se compadece con la crisis social que atraviesa el país.
El camino de América Latina para enfrentar el cambio climático
La alianza Latinoamérica Sostenible, integrada por Espacio Público (Chile), Transforma (Colombia) y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (México), abrió un espacio de diálogo con especialistas de la región, donde se habló de cómo debe ser la recuperación en Latinoamérica frente a la pandemia de COVID-19, que afectó no solamente a la salud pública, sino también la economía.
Los obstáculos de Colombia para la transición energética
El país tiene alta dependencia minera, representa alrededor del 7% de los ingresos públicos. Por eso se necesita un proceso de transición, no de abandono de la actividad
