El acuerdo político del Gobierno Nacional para recaudar $15,2 billones en la próxima reforma tributaria, de los cuales el 69 % provendrá de las empresas, obliga a que el Congreso de la República introduzca una propuesta para establecer tarifas diferenciadas de impuestos, de acuerdo con su tamaño. Hablar del empresariado del país sin establecer este criterio es una flagrante equivocación que mantiene la narrativa falaz de empresarios ricos y trabajadores pobres. Sin embargo, frente a la enorme desigualdad, también es necesario hablar de empresariado de ingresos bajos, medios y altos.

Según los cálculos hechos por Garay y Espitia, el 95,4 % del patrimonio bruto empresarial está concentrado en el 10 % de las empresas del país, de los cuales el 44 % pertenecen al sector financiero, mientras que el 8 % están en las manufacturas y el 1,7 % en el agro. En cuanto a ingresos brutos, el 94 % están concentrados en el 10 % de las empresas, de los cuales el 26 % corresponden al sector comercio, el 18,6 % al financiero, el 16,6 % a las manufacturas y el 2,2 % al agro.

La comisión de expertos de la OCDE, que evaluó los beneficios tributarios, estableció que la tarifa efectiva de tributación del sector minero colombiano era del 27 %, la del comercio del 26 % y del financiero del 20 %, contando con las enormes exenciones que tienen. Es evidente que estas actividades, de baja capacidad de vincular fuerza de trabajo en unas y de trabajos mal remunerados e informales en otras, no deberían tener la posibilidad de acceder a beneficios tributarios de ninguna clase.

Además, corresponde a un criterio de justicia tributaria que se clasifiquen por tamaño, con el objetivo de otorgar estímulos para una mayor empresarización; el único camino que resolverá el problema principal de la economía, que consiste en generar empleos, empleos y más empleos. La poca capacidad de las empresas para hacerlo está ligada, en esencia, con la precaria estructura productiva del país. El 90 % de las empresas son micro y si se suman las pequeñas y medianas alcanzan el 99 % del total. Según la encuesta de monitoreo del impacto de la COVID-19 en las empresas, elaborado por Confecámaras, de enero a marzo de 2021, el 75,4 % de las empresas que se crearon fueron personas naturales y el 91,3 % no generan u ocupan a máximo diez personas.

Al Estado le corresponde, por medio de políticas de estímulo, infraestructura y diferenciación, promover la creación de más empresas transformadoras e intensivas en mano de obra agrícolas, manufactureras y de servicios complejos. Por eso no es posible poner en el mismo costal de tarifa tributaria al 1 % con el resto. Bajo esta estructura, la inmensa mayoría de las empresas del país son las personas afectadas cuantiosamente por la ineficacia estatal.